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Publicada en Gaceta ley contra el acaparamiento
Fuente: El Universal

Caracas, 22 de febrero de 2007.- Desde ayer está en vigencia la normativa con la cual el Gobierno espera frenar, armado con cierres y multas, el incumplimiento del control de precios e impedir cualquier forma que altere la venta de los productos sometidos a dicha regulación.

La "Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios", dictada por el Ejecutivo, apareció en la Gaceta No 38.628. Allí se declara "la utilidad pública e interés social de todos los bienes necesarios para la producción (...), distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios".

Indica que estos bienes "son servicios públicos esenciales, por lo que deben prestarse de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, para atender las necesidades colectivas". Por estas consideraciones, el Ejecutivo podrá decretar, sin mediar otra formalidad, la expropiación por razones de seguridad y soberanía alimentaria.

Los delitos y penas contemplados -acaparamiento, especulación, alteración de precios, contrabando y boicot- se castigan con penas de 2 a 6 años de prisión y multas entre Bs 4.892.160 y 752.640.000, en función del valor de la Unidad Tributaria.

En cuanto a los cierres temporales y multas, aunque la Gaceta no especifica su duración, el Indecu informó que serán impuestas por un máximo de 90 días, cuando se altere la calidad de los productos, se niegue su venta, se vendan productos vencidos o se reitere alguna conducta prevista en la Ley, y que atente contra el consumo de alimentos controlados.

Destacan las denominadas "circunstancias agravantes", que aumentarán las penas al doble cuando se afecte la seguridad integral de la nación, desestabilicen las instituciones democráticas o se genere alarma que amenace la paz social.

También se prevé la inhabilitación para el ejercicio del comercio hasta por diez años para quienes hayan sido condenados con sentencia definitivamente firme por los delitos previstos en la ley.
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