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Ley de Minas (1999)
DECRETO Nº 295, CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE MINAS 

(GO. 5382 del 28 de septiembre de 1999)

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

 
 MOTIVA
 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL DECRETO CON RANGO y FUERZA DE LEY DE MINAS
 

 

Durante el tiempo de vigencia de la Ley de Minas de 1945, han surgido una serie de hechos que en la actualidad han dado como resultado, en la mayoría de las veces, la desaplicación de la Ley ante actividades de carácter público o privado que han venido siendo realizadas al margen de la misma, tal como ocurrió con las encomiendas, asignaciones y delegaciones hechas a la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), para el desarrollo, exploración y explotación de oro y diamante, en la región Guayana, que originó una complejidad de contratos de dudosa legalidad. 

Estas circunstancias han conducido a la revisión de los principios y normas contenidos en la Ley de Minas, entre los que cabe destacar, la figura del denuncio minero y la concesión de explotación, de otorgamiento facultativo por parte del Ejecutivo Nacional y adicionalmente, la situación sobrevenida con el Decreto N° 2.039 de fecha 15 de febrero de 1977, mediante el cual el Ejecutivo Nacional se reservó la exploración y explotación de todos los minerales que no hubiesen sido reservados con anterioridad. Como consecuencia de esta reserva, quedó en suspenso el derecho a la exploración libre y exclusiva, influyendo de igual modo, sobre el derecho de explotación al dejar también en suspenso la aplicación del régimen de denuncio minero.
 
Otra figura tradicional en nuestra legislación minera que perdió vigencia fue la del libre aprovechamiento, por disponer el artículo 200 de la Ley de Minas, que en zonas declaradas de reserva, en nuestro caso, todo el territorio nacional, queda prohibido el libre aprovechamiento. Sin embargo, es posible constatar que en la práctica, a pesar de la prohibición expresa de la Ley, existe este tipo de explotaciones ilegales.
 
La presencia de tales explotaciones al margen de la Ley, nos enfrenta al hecho de que gran parte de la actividad minera que se desarrolla actualmente; es una actividad ilegal. Realidad que se torna mucho más aguda, por cuanto lOS ingresos que debe percibir el Estado por concepto de impuestos provenientes de la actividad extractiva son evadidos. Por otra parte, el régimen fiscal vigente está contemplado sobre la base de un conjunto de alícuotas que no se corresponden con los márgenes de ganancia, desarrollo y expansión de la actividad minera existente.
 
Las circunstancias referidas hacen evidente la necesidad de adecuar las actividades mineras, a un régimen legal cónsono con las realidades nacionales actuales. En tal sentido, en el marco de la Ley Orgánica que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, requeridas por el Interés Público, se autorizó al Presidente en Consejo de Ministros, para dictar las medidas necesarias a fin de ordenar el régimen jurídico de las minas, de manera que mediante reglas claras y modernas se garantice la preservación del ambiente y se pueda atender al desarrollo minero integral, armonizando las actividades mineras con el resto de nuestra economía.
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